En palabras del abogado de la comunidad, D. Juan Carlos Martinez Marín, existía “un buen clima” con el Ayuntamiento para poder sustituir el edificio, pero una vez que los vecinos han ejercido su derecho de expresión a través de los medios de prensa, ese clima se ha roto y por lo tanto el Ayuntamiento, en palabras de Martinez Marín, “activará todos los recursos disponibles de Urbanismo para forzar la ejecución subsidiaria de la rehabilitación de la fachada y de la estructura del edificio”.
Según adelantó el abogado, en los próximos días los vecinos recibirán una orden de ejecución subsidiaria por parte del Ayuntamiento, en la que se obliga a los vecinos a realizar las obras de fachada y de reparación de estructura del edificio. Según Martínez Marín, se trata de una actitud politíca de Urbanísmo “para tapar la boca a la oposición y desmentir las noticias que están saliendo en los periodicos”.
El abogado desmintió la existencia de la anterior declaración de su hermana, la presidenta de la comunidad Mª del Carmen Martínez Marín, que en la anterior junta manifestó ante cerca de 40 asistentes, el interés mostrado por Urbamusa (urbanizadora municipal) en sustituir el edificio.
El montante de esta obras asciende en principio a 372.000€ y supone además dejar al desnudo la estructura del edificio, desalojando por tiempo indefinido a todas las personas que viven en su interior.
Los vecinos asistían atemorizados al negro futuro que, en palabras del abogado Martinez Marín, les plantea ahora Urbanismo. No olvidemos que en un edificio antiguo con habitado en su mayoría por personas mayores, muchos deberán mal vender su vivienda para poder hacer frente al sinfín de derramas que se avecina.
Los cargos directivos reconocieron que los gastos de andamios que debían haber sido retirados por la constructora, según orden administrativa del concejal de Urbanismo de diciembre de 2005, debería ser afrontada por todos los vecinos, pese a que el Ayuntamiento debería haber retirado materiales y anadamios subdiariamente.
Por último, el abogado aconsejó a la comunidad que se termine de pagar a la constructora Obramán (aunque no existan certificaciones ni documentación), que se pague la rehabilitación del edificio porque si no va a venir el Ayuntamiento a arreglarlo y que no se ejerzan acciones judiciales para esclarecer responsabilidades, porque éstas van a ser largas y costosas.
Un grupo de vecinos se quejó de la falta de transparencia a la hora de gestionar la comunidad por parte de los cargos actuales y pasados, y de que personados en el despacho de la administradora, ésta les nego el acceso a la documentación. Según la presidenta, “ahora tal y como están las cosas los papeles sobran”.
Por otra parte este nutrido grupo de vecinos opina que el Ayuntamiento debería reconocer su error al conceder una licencia para convalidar la destrucción de una fachada protegida de interés historico, acto éste que el propio Urbanismo tachó en su momento correctamente de ilegal, y además piensan que Urbanismo ha cedido por error a las presiones ejercidas por el arquitecto, por la presidenta y por el abogado de la comunidad, en vez de ajustarse a la legalidad.
Además opinan que existe responsabilidad por parte del arquitecto y que la licencia concedida por el Ayuntamiento es como poco ilegal.
